La reciente propuesta de «Pacto Fiscal» parece surgir de una respuesta impulsiva en lugar de una reflexión cuidadosa. Dada la limitación constitucional de presentar una reforma sobre rentas hasta marzo de 2024, el gobierno ha optado por anunciar una serie de medidas bajo la etiqueta de «Pacto Fiscal». A pesar de ciertos anuncios que podrían considerarse sensatos, en lugar de un auténtico pacto parece más bien un arrebato fiscal, caracterizado por su falta de sustancia, oportunidad y, hasta ahora, su limitada capacidad para generar apoyo.
Para ser justos, la propuesta esboza algunas ideas interesantes. Acciones para disminuir la evasión y elusión deben ser siempre bienvenidas. La evasión puede venir desde sofisticados mecanismos para reducir el pago de impuestos hasta el burdo y naturalizado: ¿Boleta o factura?
Anuncios a favor del crecimiento económico o de la modernización del Estado son también bienvenidos, aunque nada se ha dicho del empleo público, que atañe a cerca de 1,2 millones de trabajadores y que sigue creciendo a la luz de los datos del INE (53 mil empleos públicos adicionales en los últimos 12 meses). El anacrónico estatuto administrativo tampoco no ha sido mencionado.
La declaraciones sobre un aumento en la carga tributaria deben ser evaluadas con precaución. Es comprensible que surjan suspicacias cuando acabamos de ser testigos de un caso de corrupción generalizada de ribetes insospechados ¿Engordad el Estado? ¿Para qué?
Recaudar no es sencillito. Las personas responden a incentivos y cualquier cálculo de recaudación esperada debe considerar la respuesta de estas a las nuevas regulaciones. La última reforma tributaria intentó recaudar 3 puntos del PIB y terminó recaudando la mitad. Cuesta imaginar una reforma que recaude 2,7 puntos del PIB, como la anunciada, sin incentivos concretos a la inversión y el crecimiento.
Y ya que se habla del pacto, ¿cuál es el compromiso del Gobierno en esta propuesta? Un aumento de la carga tributaria debe venir con medidas concretas de modernización del Estado ¿Qué programas sociales poco efectivos se cerrarán? ¿Qué acciones se tomarán para optimizar el gasto público, especialmente a la luz del despilfarro evidenciado en el caso convenios que asciende a al menos 13 mil millones de pesos? ¿Qué incentivos tributarios se ofrecerán para fomentar la inversión, la productividad y la formalización?
La propuesta de un pacto fiscal exige un análisis riguroso y un acuerdo entre los distintos actores. Si bien hay anuncios positivos, también hay vacíos preocupantes y desafíos importantes por superar. Es fundamental que el Gobierno brinde claridad y solidez en sus planes para generar confianza y asegurar que este pacto sea verdaderamente beneficioso para el país en su conjunto. Si no, la probabilidad de un acuerdo es escasa y, como canta Luis Miguel, la respuesta seguirá siendo: «No me platiques más»…
